Colectivos indígenas culpan directamente “al Estado mexicano por todo lo que suceda en nuestros pueblos; sus manos están manchadas de sangre”, “por pactar con los criminales y entregar nuestros pueblos y nuestras vidas; ”Claudia Sheinbaum, no queremos tu Mundial; queremos que detengan esta guerra contra nuestros pueblos, y que nuestros hijos e hijas puedan vivir en paz”
Luego de cinco días de agresiones con armas de fuego y explosivos lanzados con drones contra tres comunidades de Chilapa, que provocaron el desplazamiento de al menos 800 personas, el Consejo Indígena y Popular de Guerrero–Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) denunció la falta de respuesta oficial.
“Este 10 de mayo, Día de las Madres, no hay nada que celebrar; mientras en las ciudades los políticos hacen discursos y entregan flores, nosotras, las mujeres indígenas nahuas de Tula, Xicotlán y Acahuehuetlán, pasamos la noche huyendo, cargando a nuestros hijos e hijas para escapar de la balacera y los ataques”, expresó la organización.
En su comunicado, el colectivo relató los hechos: “anoche, muchas de nuestras compañeras tuvieron que dormir escondidas en el monte por el temor de ser encontradas por Los Ardillos; esta es la realidad que vivimos las madres indígenas de Guerrero”.
“La presidenta, Claudia Sheinbaum, dice ‘llegamos las mujeres’, pero ¿de qué sirven sus discursos, cuando nuestros niños y niñas lloran de miedo por los drones?; ¿de qué sirve hablar de ‘transformación’, mientras seguimos enterrando y buscando a nuestros hijos e hijas desaparecidos?”, cuestionaron.
El CIPOG-EZ recordó que “tenemos 76 compañeros, y compañeras asesinadas; y 25 desaparecidos en nuestros pueblos. Estos son nuestros hijos, hijas, esposos, hermanos y hermanas; ahora más de mil familias estamos desplazadas; y no somos solo nosotras; somos miles de madres, a través del país las que buscamos y enterramos a nuestros hijos y que vivimos esta realidad”.
La agrupación recordó que “el mundo está viendo cómo realmente tratan a nuestras madres indígenas; creen que porque vivimos lejos de la ciudad, porque vivimos en la montaña, nuestras vidas no valen; esa es la verdadera cara de este gobierno y también de todos los gobiernos anteriores: desprecio y muerte para nuestros pueblos indígenas”.
“No queremos más palabras vacías: queremos justicia para nuestras madres y nuestros pueblos; queremos regresar a nuestras casas y comunidades; queremos encontrar a nuestros hijos; queremos sembrar nuestra tierra y vivir una vida digna”, exigieron.
El movimiento culpq directamente “al Estado mexicano por todo lo que suceda en nuestros pueblos; sus manos están manchadas de sangre por pactar con los criminales y entregar nuestros pueblos y nuestras vidas; Claudia Sheinbaum, no queremos tu Mundial; queremos que detengan esta guerra contra nuestros pueblos, y que nuestros hijos e hijas puedan vivir en paz. Eso es honrar a las madres”.
El dirigente del CIPOG-EZ, Jesús Plácido Valerio, denunció que “con la complacencia de los tres niveles de gobierno”, el grupo delictivo atacó Xicotlán, Tula y Acahuetlán; “lo peor de todo, es que continúan las ofensivas armadas con drones”.
Desde el año 2015, Los Ardillos se han visto activios en municipios de la Montaña Baja de Guerrero como Chilapa de Álvarez, Zitlala y José Joaquín de Herrera, dejando una estela de asesinatos, secuestros, extorsiones y desplazamientos forzados. Este sábado, cerca de 800 familias indígenas fueron expulsadas de sus hogares sin que las autoridades intervinieran para apoyarlos.
Organizaciones nacionales e internacionales repudiaron los ataques y el desplazamiento forzado en Chilapa de Álvarez, señalando que se trata de acciones “atribuibles a grupos de la delincuencia organizada que operan bajo esquemas tácticos de carácter paramilitar”.
Decenas de colectivos, incluido el Consejo Nacional Indígena y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, firmaron una en la que se denunció que las agresiones se realizan con armas de alto poder y drones para vigilancia y lanzamiento de explosivos. Alertaron que esta situación ha “generado terror, desplazamiento forzado y un grave riesgo para la vida e integridad de niñas, niños, mujeres, personas adultas mayores y autoridades tradicionales indígenas”.
Recordaron que desde 2021 la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió medidas cautelares para Tula y Xicotlán, así como para el CIPOG-EZ, pero acusaron al gobierno estatal, encabezado por Evelyn Salgado, de no cumplir su cumplimiento. Resaltaron que los hechos dejan en evidencia “la falta de actuación de las autoridades responsables de prevenir y proteger ante riesgos evidentes; la negativa injustificada de otorgar medidas de protección a ciudadanos en situación de riesgo; la posible complicidad o tolerancia de funcionarios públicos frente a los hechos de violencia y la ausencia de investigaciones que permitan esclarecer los hechos y sancionar a los responsables”.
Esta es la razón por la que exigen al gobierno federal “reconocer la grave crisis de violaciones a los derechos humanos por los que atraviesan las comunidades pertenecientes al CIPOG-EZ en Guerrero y que el gobierno del estado se empeña en ocultar; la identificación y sanción de los responsables materiales e intelectuales, incluyendo a funcionarios públicos que hayan incurrido en omisión o complicidad”.
También pidieron “revisar la actuación y responsabilidad del Ejército Mexicano que solo presenció los ataques, el desplazamiento y la entrada del grupo delincuencial a las comunidades sin hacer nada para detener a los atacantes; la implementación urgente de medidas de protección efectivas para defensores de derechos humanos y localidades en riesgo”.
De igual manera, demandaron “atender de forma urgente el tema de las 800 familias desplazadas de Tula, Xicotlán y Acahuetán; la inmediata detención y desarticulación de Los Ardillos, que ahora se vinculan a otros grupos criminales y recrudecen la violencia”.
Finalmente, dijeron que: “El silencio institucional y la impunidad no pueden seguir siendo la respuesta del Estado”.
En redes sociales circula un video donde se observa a mujeres y niños refugiados en una iglesia. En las imágenes, un comisario municipal de Alcozacán solicita apoyo inmediato de las autoridades de los tres niveles de gobierno.
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