El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos ha puesto la mira en las redes financieras que sostienen a los cárteles mexicanos, enfocándose en los intermediarios que, según los fiscales, han aprendido a esquivar la presión de las autoridades utilizando criptomonedas para mover las ganancias del narcotráfico desde ciudades estadounidenses hacia los líderes criminales en México.
Cuatro acusados enviados recientemente de México a EE.UU. para enfrentar juicio revelan cómo operan las estructuras de lavado de dinero que permiten al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y otros grupos violentos seguir inundando comunidades estadounidenses con drogas peligrosas.
Estos procesos judiciales reflejan la estrategia del DOJ de golpear las finanzas de los cárteles, anticipándose a sus tácticas cada vez más sofisticadas para mover dinero a través de la frontera sin ser detectados. En lugar de perseguir a los traficantes de calle, los fiscales buscan desmantelar a quienes manejan el dinero, considerados piezas clave para mantener en pie las operaciones criminales.
“Si cortas el dinero, dañas a los cárteles, y eso es lo que tratamos de hacer”, declaró a The Associated Press A. Tysen Duva, fiscal general adjunto de la división penal del DOJ.
Desde el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump, México ha entregado a más de 90 acusados de alto perfil vinculados con los cárteles en tres transferencias que hoy generan debate legal en el país. Los cargos incluyen tráfico de drogas, trata de personas y lavado de dinero.
Funcionarios del DOJ aseguran que estas entregas no solo buscan enviar un mensaje de fuerza, sino también abrir la puerta a acusaciones contra líderes de mayor rango, si los detenidos deciden cooperar.
Durante la administración republicana de Trump, el DOJ reorganizó su División Criminal para unir a fiscales especializados en narcóticos con expertos en lavado de dinero, con el objetivo de atacar directamente los sistemas financieros que sostienen a los cárteles.
Entre los acusados trasladados recientemente a EE.UU. figuran presuntos intermediarios financieros que, según las autoridades, controlaban el flujo de ganancias del narcotráfico y cobraban una comisión por su labor. Documentos judiciales señalan que estos operadores recogían efectivo en distintas ciudades de Washington y lo ocultaban para cruzar la frontera, recurriendo cada vez más a activos digitales ante el cierre de otras vías por parte de las fuerzas del orden.
Los fiscales “quieren saber cómo funciona el lado de la distribución, quién está involucrado, y buscar acusaciones adicionales, y en el lado del lavado de dinero, cuáles son exactamente los métodos que utilizan para sacar el dinero de Estados Unidos a través de los bancos estadounidenses”, explicó Duva. “Hay contrabando de dinero en efectivo a granel que ha ocurrido desde el principio de los tiempos, y también está la nueva tendencia de tomar el efectivo, comprar criptomonedas y luego comerciar con ellas”.
Los acusados Eduardo Rigoberto Velasco Calderón, Eliomar Segura Torres, Manuel Ignacio Correa y César Linares Orozco enfrentan cargos de conspiración para lavar dinero en un tribunal federal de Kentucky.
La transferencia de 37 acusados en enero fue la tercera de este tipo bajo el segundo mandato de Trump. Analistas la interpretan como un gesto del gobierno mexicano para frenar las amenazas del presidente de emprender acciones militares contra los cárteles.
Sin embargo, abogados y familiares de los acusados sostienen que México violó la ley al enviarlos sin una orden formal de extradición. El gobierno mexicano defiende que las transferencias fueron legales y necesarias para proteger la seguridad nacional.
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