Las más recientes acciones militares de Estados Unidos evidencian un viraje estratégico tras los primeros ataques en el Caribe y profundizan las tensiones entre Bogotá y Washington.
El lunes, el Comando Sur estadounidense difundió imágenes en video que mostraban lo que, según sus fuerzas armadas, fueron ataques contra tres embarcaciones de narcotraficantes en aguas del Pacífico oriental.
La ofensiva militar de Washington en América Latina ha incrementado la presión sobre Colombia, considerado uno de los principales centros del narcotráfico regional, en medio del deterioro de las relaciones entre el presidente Donald Trump y su homólogo colombiano, Gustavo Petro.
En uno de los días más letales desde el inicio de la campaña en septiembre, el ejército estadounidense destruyó tres barcos en el Pacífico oriental que, de acuerdo con el gobierno de Trump, transportaban drogas. El ataque dejó ocho muertos, según el Comando Sur.
Los cinco operativos realizados el mes pasado tuvieron lugar en el Pacífico, lo que confirma que la estrategia estadounidense se concentra cada vez más en Colombia, país con una extensa costa en esa zona donde abundan las rutas de contrabando de cocaína, según especialistas. El martes, la administración Trump declaró al Clan del Golfo, uno de los cárteles más poderosos de Colombia, como organización terrorista.
Desde el 2 de septiembre se han ejecutado 25 ataques: 14 en el Pacífico y 11 en el Caribe, con un saldo de 47 muertos en el primero y 48 en el segundo. Estas acciones reflejan una ampliación de las prioridades militares de Washington y han intensificado el enfrentamiento con Bogotá.
La campaña comenzó con ataques contra embarcaciones venezolanas, país con un rol menor en el tráfico global de drogas, mientras que Colombia sigue siendo el mayor productor de cocaína en el mundo.
Trump ha criticado duramente a Petro, quien se convirtió en uno de los opositores más firmes en la región al señalar que los ataques estadounidenses equivalen a asesinatos. En respuesta, Trump amenazó con reducir la ayuda a Colombia, pese a que gran parte de
esos recursos se destinan a combatir la industria de la cocaína.
La semana pasada, Trump fue más allá al declarar que Colombia “producía mucha droga” y puso a Petro bajo advertencia. “Así que más le vale darse cuenta o será el siguiente”, dijo Trump. “Pronto será el siguiente. Espero que esté escuchando; será el siguiente”.
Juristas especializados en el uso de la fuerza letal han calificado los ataques como ilegales, argumentando que Washington no ha demostrado la existencia de un conflicto armado con Venezuela. Ese mismo razonamiento podría aplicarse a Colombia, país con una larga trayectoria de cooperación antidrogas con Estados Unidos. Petro respondió: “Trump está engañado de sus logias y asesores”.
Trump ha sostenido falsamente que cada embarcación destruida salva 25.000 vidas estadounidenses. En el periodo de 12 meses que terminó el 30 de junio se registraron casi 100.000 muertes por sobredosis en Estados Unidos, impulsadas principalmente por el fentanilo proveniente de laboratorios mexicanos. Expertos señalan que ni Venezuela ni Colombia participan en ese comercio.
Sudamérica, en cambio, produce cocaína. La mayoría de la droga que llega a Estados Unidos se trafica desde la costa pacífica sudamericana, principalmente de Colombia, aunque también de Ecuador y Perú. Venezuela es un productor marginal, y la cocaína que pasa por su territorio se dirige sobre todo a Europa.
No se ha confirmado cuántas de las embarcaciones destruidas en el Pacífico provenían de Colombia. Los dos sobrevivientes repatriados eran originarios de Colombia y Ecuador.
Aunque los últimos ataques se han concentrado en el Pacífico, la presencia militar estadounidense en la región se ha ampliado hacia otros objetivos. La semana pasada, fuerzas de EE. UU. incautaron en el Caribe un petrolero que transportaba crudo venezolano.
El martes, el asesor de seguridad nacional y secretario de Estado de Trump, Marco Rubio, junto con el secretario de Defensa, Pete Hegseth, informaron al Congreso sobre las operaciones contra embarcaciones. Según fuentes cercanas, presentaron un nuevo argumento para centrar la atención en Venezuela: el gobierno de Maduro estaría permitiendo que organizaciones narcotraficantes operen en su territorio.
Expertos en crimen y narcóticos en la región señalan que dos grupos guerrilleros colombianos —el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las desaparecidas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)— han financiado sus actividades con el tráfico de cocaína y en ocasiones han operado desde campamentos en la selva venezolana, cerca de la frontera.
En octubre, el gobierno venezolano anunció la destrucción de dos campamentos colombianos de “terroristas, narcotraficantes” en su territorio, donde hallaron panfletos del ELN. Por su parte, el gobierno de Trump aseguró que una embarcación atacada el 17 de octubre, en la que murieron tres hombres, estaba vinculada al ELN, grupo que el Departamento de Estado designó como organización terrorista extranjera en 1997.
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