El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, salió este martes a respaldar públicamente la figura de la reelección presidencial indefinida, vigente en el país desde julio de 2025 tras una polémica reforma constitucional, justo cuando planea lanzarse a un tercer mandato al frente del gobierno.
La discusión se encendió después de que Carolina Jiménez Sandoval, presidenta de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), señalara en un mensaje en X que solo Venezuela, Nicaragua y El Salvador comparten en América Latina este mecanismo, y advirtiera que ese sería el grupo al que ahora se sumaría el mandatario.
Bukele respondió enlistando a varios países como Canadá, Alemania, Japón y el Reino Unido, que también permiten este tipo de reelección, y cuestionó que se pretenda se le desprestigie por replicarlo. En otro mensaje, defendió que la reforma constitucional que la habilitó fue aprobada por una supermayoría legislativa “otorgada democráticamente por el pueblo salvadoreño en las urnas”, afirmó que ningún organismo internacional ha puesto en duda la limpieza de las elecciones salvadoreñas.
El presidente, de 42 años, obtuvo el domingo la candidatura presidencial de su partido, Nuevas Ideas, en unas primarias en las que aparentemente no tuvo contrincante, aunque no se ha pronunciado públicamente al respecto. Deberá inscribir formalmente su candidatura ante el Tribunal Supremo Electoral entre el 1 de octubre y el 19 de noviembre de este año, de cara a los comicios de febrero de 2027.
La posibilidad de un tercer periodo comenzó el 31 de julio de 2025, cuando la Asamblea Legislativa, que está controlada por el mismo partido de Bukele, aprobó en una sola sesión y sin debate previo las reformas a varios artículos de la Constitución; entre los cambios se ampliaron los periodos presidenciales de cinco a seis años, eliminaron la segunda vuelta electoral y adelantaron los comicios de 2029 a 2027.
Esta gestión de Bukele combina altos niveles de aprobación en materia de seguridad con señalamientos de organismos internacionales por presuntas violaciones a derechos humanos y concentración del poder.














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