Entre las medidas anunciadas figuran denuncias penales que serán tramitadas ante la FGR
El gobierno mexicano puso en marcha una estrategia jurídica y diplomática de mayor peso para exigir justicia por la muerte de mexicanos vinculada a acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos. Dicha estrategia contempla la presentación de denuncias penales ante autoridades estadounidenses, así como el inicio de procesos civiles contra las compañías responsables de operar centros de detención.
Durante la conferencia matutina realizada en Palacio Nacional, el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, dio a conocer que la cifra de mexicanos fallecidos en hechos relacionados con el ICE asciende a 17: 14 de ellos murieron mientras estaban bajo custodia en centros de detención, y tres más perdieron la vida durante operativos migratorios, entre ellos Lorenzo Salgado, quien falleció el 7 de julio pasado tras ser baleado por agentes de migración en Houston.
“Hay una situación muy dolorosa”, declaró el funcionario, quien subrayó que el caso de Salgado debe ser investigado “con absoluta seriedad”, tal como lo han pedido sus familiares.
Velasco explicó que la presidenta Claudia Sheinbaum dio instrucciones para emprender “acciones legales contundentes” orientadas a salvaguardar los derechos humanos de los mexicanos que residen en territorio estadounidense.
Como primer paso, la Secretaría de Relaciones Exteriores pedirá el respaldo de la Fiscalía General de la República (FGR) para interponer denuncias formales ante fiscalías estatales y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en relación con los decesos de connacionales bajo custodia y durante intervenciones del ICE, a fin de que estos casos sean abordados desde el ámbito penal.
Por otra parte, el gobierno de México emprenderá acciones de carácter civil contra las empresas privadas encargadas de administrar los centros de detención. Para ello, enviará cartas de “cese y desistimiento”, con las que buscará poner fin a las prácticas y condiciones que, según afirmó, provocaron la muerte de 14 mexicanos mientras se encontraban bajo custodia.
El canciller añadió que, en conjunto con organizaciones de la sociedad civil, se tramitarán medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el objetivo de proteger a los mexicanos que permanecen recluidos en estos centros. También se solicitará de nuevo la intervención del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, en atención a los casos más recientes.
De igual forma, indicó que la Cancillería continuará el diálogo constante con el Departamento de Estado, el Departamento de Seguridad Interior y con legisladores estadounidenses, insistiendo en la necesidad de esclarecer estos hechos.
Velasco precisó que, hasta el momento, México ha remitido 11 notas diplomáticas de protesta al gobierno estadounidense en relación con estos casos, además de haber brindado apoyo económico, orientación legal y asistencia para el traslado de los restos de las víctimas a sus familias.
Según las cifras expuestas por el funcionario, entre 2025 y 2026 se han dado a conocer públicamente 58 muertes de personas de diversas nacionalidades ocurridas en centros de detención del ICE, de las cuales 14 corresponden a ciudadanos mexicanos. A esa cifra se suman los tres connacionales que fallecieron durante operativos de la agencia migratoria estadounidense.
Roberto Velasco puntualizó que estas acciones se aplicarán “para todos los casos“, incluyendo aquellos ocurridos en años anteriores.
De lo diplomático a lo penal
El secretario de Relaciones Exteriores explicó que las denuncias se presentarán tanto ante el Departamento de Justicia como ante las fiscalías estatales.
“La idea es pasar de la vía diplomática a ir directamente ante las Fiscalías para solicitar que se realicen investigaciones, ya no solamente por parte del Departamento de Estado, por parte del Departamento de Seguridad Interior, sino directamente por la vía penal”, puntualizó.
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