La Asamblea Nacional de Francia aprobó de manera definitiva la ley que regula el derecho a la ayuda a morir, abriendo paso a la eutanasia y el suicidio asistido para personas con enfermedades graves e irreversibles que enfrenten altos niveles de sufrimiento.
La votación celebrada este miércoles se resolvió con 291 votos a favor frente a 241 en contra, poniendo fin a un proceso legislativo con varios altos que desde 2025 había sido respaldado dos veces por los diputados y rechazado otras tantas por el Senado, de mayoría conservadora.
La iniciativa había sido impulsada a finales de 2024 por el presidente Emmanuel Macron, quien la planteó como uno de los sellos sociales de su segundo y último mandato.
Antes de que esta norma entre en vigor, deberá pasar por el Consejo Constitucional, a la que la remitirá el primer ministro Sébastien Lecornu, quien mantiene reservas sobre ciertos puntos del texto, entre ellos un paso de reflexión de dos días otorgado a los pacientes.
Luego de la aprobación, Macron escribió en X que “los recursos ante el Consejo Constitucional seguirán su curso conforme a los principios de nuestro Estado de derecho”, y agradeció “a todos los parlamentarios que han hecho posible el debate constructivo y respetuoso”.
¿Quién puede acceder a este derecho?
Esta ley establece que la solicitud debe presentarla la propia persona interesada, a menos de que sean casos de incapacidad física, en los que puede intervenir un médico o enfermero. Para poder acceder a la eutanasia, es necesario ser mayor de edad y tener nacionalidad francesa o residencia en el país, además de padecer una enfermedad grave e incurable en fase avanzada o terminal, con un sufrimiento físico o psicológico que no pueda aliviarse. La norma excluye al sufrimiento exclusivamente psicológico, por no ser una enfermedad física de por medio no se habilita este derecho.
El proceso exige que el paciente tenga plena capacidad de discernimiento, formalice la petición por escrito y la someta a evaluación médica, que debe responder en un plazo de 15 días. Si la solicitud es aprobada, el paciente debe recalcar su decisión luego de un mínimo de dos días de reflexión, uno de los puntos que Lecornu llevará ante el Constitucional.
Puntos a revisión
El gobierno además pedirá que el Constitucional revise las disposiciones para adultos bajo tutela judicial y el equilibrio entre la objeción de conciencia del personal médico y el funcionamiento de instituciones dedicadas al acompañamiento de enfermos terminales. Según el Ejecutivo se busca obtener “las aclaraciones necesarias” que garanticen el respeto a la dignidad humana y la libertad personal.
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