Legisladores de Movimiento Ciudadano se acercaron a la Comisión Nacional Antimonopolio, acusando a Sony Interactive Entertainment, de incurrir en prácticas que perjudicarían directamente a los consumidores mexicanos.
Esta denuncia lleva la firma del senador Luis Donaldo Colosio y la diputada Iraís Reyes, y llega como respuesta al anuncio de la compañía de que, desde enero de 2028, dejará de fabricar videojuegos en formato físico para sus consolas.
Para Colosio, el fondo del asunto es claro: si esto se concreta, la PlayStation Store quedará como el único lugar donde los jugadores podrán conseguir títulos nuevos. Este no es un mercado menor, pues en México ocupa el primer lugar en Latinoamérica y el décimo puesto a nivel mundial en la industria de los videojuegos, con una base de más de 76 millones de jugadores activos.
Hoy en día, de acuerdo con el senador, cualquier persona puede comprar un videojuego en una tienda departamental, en un local especializado, conseguirlo de segunda mano, pedirlo prestado o bajarlo directamente de la tienda digital. Se busca que la tienda en línea de Sony, donde la propia empresa fijaría precios y condiciones, y donde quedarían fuera posibilidades como revender, prestar, intercambiar o heredar los juegos.
Colosio quiso remarcar que comprar un videojuego digital no equivale, en los hechos, a ser dueño de él, lo que en realidad se adquiere es una licencia de uso, misma que la empresa puede revocar cuando lo decida. Re ordó que en 2022, cuando Sony retiró de forma unilateral contenido digital que usuarios europeos ya habían pagado, sin devolverles su dinero. A esto sumó un caso más reciente: hace apenas unas semanas, la compañía borró más de 500 películas de los catálogos digitales de clientes que ya las tenían adquiridas.
Una iniciativa para proteger la propiedad digital
El senador adelantó que Movimiento Ciudadano trabaja ya en una propuesta legislativa enfocada en regular la propiedad digital y reforzar los derechos de quienes consumen este tipo de bienes. “Lo que buscamos es que la ley defina con claridad qué tipo de propiedad estás adquiriendo cuando haces una compra digital”, puntualizó.
En esta iniciativa se busca prohibir que las empresas usen palabras como “comprar” o “adquirir” cuando, en realidad, están vendiendo una licencia que puede revocarse en cualquier momento. También buscarán asegurar que los productos digitales sigan funcionando aunque la empresa decida algún día cerrar sus servidores.
Colosio recordó los casos de California, que ya cuenta con legislación al respecto, y de la Unión Europea, que avanza en la misma dirección, para argumentar que México no debería quedarse atrás en materia de protección a quienes compran bienes digitales.
Iraís Reyes, mencionó que la denuncia es una respuesta a un reclamo real dentro de la comunidad gamer mexicana, que ha reunido más de 340 mil firmas en la plataforma Change.org en rechazo a la medida de Sony. Fue enfática en aclarar el alcance de la denuncia: “No estamos denunciando a Sony por irse a lo digital. Es una transición necesaria y benéfica para el medio ambiente. Lo que queremos es que lo digital sea una opción, pero no una imposición de una empresa”.
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