El Departamento del Tesoro afirma que las empresas remeseras y casas de cambio son una parte de la red del narcotráfico, pues los cárteles lavan dinero a través de sus servicios.
La Red de Control de Delitos Financieros pidió a las compañías de servicios monetarios que presenten informes sobre las transacciones de divisas en efectivo que se realicen cerca o en la frontera de los Estados Unidos, siendo forzosamente obligatorio pada las operaciones de mil a 10 mil dólares.
Esta perición se aplicaría a 14 condados de Arizona, California, Nuevo México y Texas.
La Red de Control de Delitos Financieros Fincen busca a, través de esta implementación, apoyar con herramientas a los investigadores para poder realizar los procesos judiciales y garantizar.
“Que las fuerzas del orden locales, estatales y federales puedan negar acceso al sistema financiero estadunidense a personas y entidades asociadas con organizaciones de narcotráfico”
Condados que acatan la orden:
Maricopa, Pima, Santa Cruz y Yuma, en Arizona. En California, corresponden los códigos postales 92231, 92249, 92281, 92283. Condado Imperial, y 91910, 92101, 92113, 92117, 92126, 92154 y 92173 de San Diego.
Hay una especial petición de monitoreo que se aplica a las transacciones provenientes de: Bernalillo, Doña Ana y San Juan, Nuevo México; Cameron, El Paso, Hidalgo, Maverick y Webb, Texas.
Las transferencias electrónicas son el principal medio para hacer remesas a familias mexicanas, de acuerdo con el Banco de México.
En 2025, 61 mil 197.36 millones de 61 mil 776.52 millones de dólares que llegaron al país, fue gracias a transferencias electrónicas, esta cifra representa el 99.06%.
A cerca de los money orders, sumaron 130 millones 730 mil pesos, en efectivo y especie se enviaron 448 millones 390 mil pesos.
“La Orden de Identificación Geográfica renovada y ampliada de hoy (ayer) subraya la profunda preocupación de la Administración Trump por el importante riesgo que representan para el sistema financiero estadunidense los cárteles, el narcotráfico y otros actores criminales a lo largo de la frontera suroeste. Esto permitirá a los investigadores obtener pistas adicionales y se espera que impulse los procesos judiciales mediante un mayor escrutinio de los fondos destinados a zonas que son motivo de preocupación”, aseveró.
La orden tendrá vigencia del 7 de marzo al 2 de septiembre de 2026, aplicando a las empresas de servicios financieros que no pertenecen a un banco. La Red de Control de Delitos Financieros afirma que la finalidad es “ayudar a las autoridades a combatir las actividades ilícitas y el lavado de dinero de los cárteles con sede en México y de otros actores criminales a lo largo de la frontera suroeste de Estados Unidos”.
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