Carlos Slim, el empresario más rico del país, volvió a señalar que México necesita destinar el 25% del Producto Interno Bruto (PIB) a inversión pública. Esta propuesta ya la había planteado durante su conferencia anual en 2025.
En una nueva intervención realizada en diciembre, frente al secretario de Hacienda, Édgar Amador, y la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, el dueño de América Móvil afirmó que alcanzar ese porcentaje permitiría transformar de manera profunda las condiciones económicas del país.
Explicó que, si México logra superar de forma sostenida ese 25% anual, no solo aceleraría el crecimiento económico, sino también incrementaría el ingreso de la población.
“Podríamos tener un crecimiento que nos llevaría en 10 años a que el ingreso per cápita fuera de más de 20 mil dólares”, dijo, según publicó el Diario Reforma, durante un evento de Inbursa al que no se permitió el acceso a la prensa.
En febrero, Slim había señalado que ese nivel de inversión detonaría el desarrollo, generaría más empleo y mejoraría el nivel socioeconómico de los sectores más vulnerables.
Inversión pública en niveles bajos
La propuesta del empresario coincide con los bajos niveles de inversión pública en México.
De acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador la inversión pública promedió 4.0% del PIB.
Para el periodo 2025-2030, las estimaciones oficiales prevén una reducción a 2.8%. Solo en 2026, se proyecta que la inversión pública alcance 1.26 billones de pesos, equivalente a 3.2% del PIB.
Más del 42% de ese monto se concentrará en Pemex, CFE, Tren Maya y los nuevos trenes, lo que, según el CIEP, limita otros rubros de inversión.
“Esta concentración deja menos recursos disponibles para la infraestructura social (salud, educación, vivienda y agua)”, expuso el organismo.
El CIEP subrayó que la inversión pública “es crucial para mantener e incrementar la capacidad productiva del país y la recaudación futura”, por lo que preocupa que, a partir de 2027, comience a disminuir.
“Esta caída se debe, en parte, al ajuste fiscal previsto por el gobierno, así como a la menor participación que tendrán los mecanismos de financiamiento que incluían la participación del sector privado en la infraestructura como las Asociaciones Público-Privadas (APP) y los Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo”, señaló.
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