Diversas organizaciones ambientales solicitaron a la presidenta Claudia Sheinbaum que revoque las autorizaciones concedidas a megaproyectos de gas fósil en el Golfo de California. Además, pidieron que se atiendan las observaciones realizadas por nueve relatores de la ONU respecto a estas instalaciones, con el objetivo de “alinearse al compromiso global de transición energética justa”.
En un comunicado, 27 colectivos sociales difundieron la carta enviada por las presidencias de nueve relatorías de Naciones Unidas, en la cual se “cuestiona la legalidad, viabilidad climática y compatibilidad con los derechos humanos de los megaproyectos de gas fósil licuado (GFL) propuestos en el Golfo de California”.
Los proyectos que buscan operar en esta región, conocida como el “acuario del mundo” y que ya cuentan con permisos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), incluyen la Terminal GNL de Sonora-Saguaro Energía, Vista Pacífico, AMIGO LGN, GNL Cosalá, así como los gasoductos Sierra Madre y Corredor Norte.
De acuerdo con las organizaciones, dichos proyectos “podrían convertir a México en el cuarto exportador de GFL del mundo a costa de la salud, los ecosistemas y los compromisos climáticos del país”.
En la misiva enviada el 2 de septiembre, los relatores advirtieron que “el país está en riesgo de incumplir el Acuerdo de París, el Acuerdo de Escazú y su propia Constitución, si permite que las terminales de gas fósil proyectadas para Sonora y Sinaloa avancen sin evaluaciones ambientales completas, sin transparencia y sin participación de comunidades afectadas”.
El pronunciamiento retomó fragmentos del documento de la ONU, donde los expertos expresaron su “profunda preocupación por las emisiones previstas de gases de efecto invernadero, la contaminación tóxica, la alteración de los ecosistemas y otros daños ambientales que pueden estar relacionados con la industria del GNL/GFL en el territorio del Golfo de California, así como los impactos negativos que estas operaciones pueden tener sobre los derechos humanos, incluidos los derechos a la alimentación, la salud y a un ambiente limpio, saludable y sostenible al desarrollo y los derechos culturales de quienes viven la región”.
Las organizaciones subrayaron que los relatores recordaron a México que “la quema de combustibles fósiles constituye una de las actividades humanas con mayor impacto sobre el clima en la Tierra”.
También señalaron que en diciembre del año pasado, 25 integrantes de comunidades del Golfo de California y organizaciones civiles mexicanas solicitaron a las relatorías especiales de la ONU sobre derechos humanos en el contexto del cambio climático y sobre el derecho a un medio ambiente sano, que intercedieran ante México y Estados Unidos “para frenar los proyectos de expansión fósil que ponen en riesgo a las comunidades del ‘Acuario del mundo’, llamado así por su alto valor natural”.
En esa petición, los firmantes pidieron a las relatoras exigir a ambos países “información completa, que escuchen a las comunidades antes de tomar decisiones y que garanticen el derecho a un medio ambiente sano”, además de abrir una investigación “seria e independiente para saber cómo las terminales podrían afectar la salud, la pesca, el turismo y la vida cotidiana de miles de familias de la región del Golfo de California”.
A las dos relatorías inicialmente convocadas se sumaron otras siete, que cuestionaron tanto al Estado mexicano como a las empresas interesadas en instalarse en la zona y a sus países de origen, Estados Unidos y Singapur. Estas relatorías adicionales abarcan temas como derechos culturales, derecho al desarrollo, derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, derechos de los pueblos indígenas, derechos humanos relacionados con agua potable y saneamiento, así como los grupos de trabajo sobre derechos de campesinos y personas en zonas rurales, y sobre empresas transnacionales y derechos humanos.
“Con esta comunicación oficial, la ONU confirma que México se encuentra bajo un escrutinio internacional formal”, señalaron las organizaciones, advirtiendo que “cualquier decisión que autorice o facilite el avance de los megaproyectos de combustibles fósiles en el Golfo de California será entendida como una responsabilidad directa del Estado mexicano”, el cual no podrá “alegar desconocimiento de los impactos de la industria fósil”.
Los colectivos enfatizaron que las terminales de gas fósil en esa región “va contra el interés nacional, contradice obligaciones internacionales, compromete el Estado de derecho, y erosiona la credibilidad del país y su compromiso en el combate al cambio climático”.
Por ello, llamaron al gobierno de Claudia Sheinbaum a “atender con seriedad las preocupaciones expresadas por las relatorías de la ONU, tomar decisiones respetando los derechos humanos de las comunidades del Golfo de California e iniciar inmediatamente la transición energética justa en la que alejarse de los combustibles sólidos es el primer paso”.
Los firmantes exigieron a Sheinbaum, a la titular de Semarnat, Alicia Bárcena, y al director de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA), Armando Campos, “revocar todas las autorizaciones otorgadas irregularmente a megaproyectos de gas fósil licuado en el Golfo de California”.
Además, pidieron “suspender inmediatamente los procesos de evaluación ambiental en curso hasta garantizar información pública completa y metodologías científicas adecuadas”, así como “detener la expansión fósil y alinearse al compromiso global de transición energética justa”.
Los activistas también solicitaron a las autoridades “garantizar el consentimiento libre, previo e informado de pueblos indígenas y comunidades rurales” y “asegurar que la política energética y ambiental de México honre la Constitución y los tratados internacionales”.
Finalmente, advirtieron que “México tiene hoy la oportunidad de romper el guión fósil, liderar con coherencia y demostrarle al mundo que su compromiso climático”, de lo contrario “sería asumir un costo político, ambiental y ético irreparable”.
Entre las organizaciones firmantes figuran el Centro Mexicano para la Defensa del Medio Ambiente, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Fundar Centro de Análisis e Investigación, GeoComunes, Nosotras y el Mar, Caminantes del Desierto, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, Nuestro Futuro, entre otras.
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