El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratificó por unanimidad la entrega de medidas cautelares a la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, con el fin de protegerla. Dichas medidas se han mantenido de manera indefinida desde hace siete meses, en el contexto de un proceso de revocación de mandato y por el presunto manejo irregular de 898 millones de pesos provenientes de recursos federales.
Las suspensiones fueron otorgadas en junio del año pasado por la integración anterior del pleno.
El ministro en retiro Javier Laynez Potisek y la ministra Yasmín Esquivel Mossa fueron quienes concedieron dichas suspensiones en junio, bajo la conformación previa del pleno. Estas medidas seguirán vigentes hasta que se resuelvan las controversias constitucionales promovidas por la edil contra las acciones emprendidas por el Congreso de Guerrero y la Auditoría Superior del Estado (ASE).
La Corte emitió el fallo tras declarar improcedentes cuatro recursos de reclamación: tres impulsados por el Legislativo local y uno más por la auditoría estatal, los cuales buscaban desechar la admisión de las controversias 174/2025 y 176/2025 presentadas por Abelina López, así como las suspensiones que se le habían otorgado.
En el proyecto del ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía, relativo al recurso de reclamación 41/2025-CA contra la suspensión concedida a la edil frente a la auditoría, se determinó que eran infundados los argumentos del Congreso local, “y se propone confirmar el acuerdo por el que se concedió la medida cautelar”.
“Se estima satisfecha la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora debido a que existen actos de ejecución respecto de responsabilidades específicas, que derivan de la solicitud de información respecto de recursos federales como lo son las aportaciones federales (FISMDF), donde únicamente la Auditoría Superior de la Federación puede llevar a cabo el procedimiento conducente de fiscalización; y no las autoridades locales, como la Auditoría Superior del Estado de Guerrero”, se precisa.
La alcaldesa interpuso las controversias, a través del síndico municipal Miguel Jaimes Ramos, con el objetivo de detener un eventual proceso de revocación de mandato y los requerimientos de información formulados por la auditoría estatal sobre la revisión de la Cuenta Pública 2023, particularmente en lo relativo al uso de recursos federales del Ramo 33 y del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN).
Los recursos de reclamación fueron resueltos en tres proyectos elaborados por María Estela Ríos González, Sara Irene Herrerías Guerra y Giovanni Azael Figueroa Mejía, quienes declararon improcedentes las impugnaciones de la ASE y del Congreso local, además del recurso de revisión 41/2025 contra el incidente de suspensión, a cargo del ministro Figueroa.
A diferencia de los tres proyectos anteriores, en el 39/2025 —también elaborado por la ministra Herrerías Guerra— la Corte dio la razón a la ASE al reconocerla como autoridad demandada, luego de que en su momento el ministro Laynez la hubiera excluido del juicio.
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