El Senado de la República aprobó por unanimidad la reforma al artículo 127 de la Constitución, con la cual se ponen fin a las pensiones excesivas de exfuncionarios de organismos públicos, banca de desarrollo y empresas paraestatales, fijando un tope a estos beneficios.
Con el respaldo de 116 legisladores de todas las fuerzas políticas, la reforma fue enviada a la Cámara de Diputados para continuar el proceso constitucional.
A partir de ahora, las pensiones deberán ajustarse a un nuevo criterio: no podrán superar el 50% de la remuneración “de la persona titular del Ejecutivo Federal”. El límite máximo será de 70 mil pesos mensuales, aplicable tanto a futuras jubilaciones como a las que ya están en curso.
Uno de los casos más comentados es el de un exsubdirector de Luz y Fuerza del Centro, quien desde hace 17 años percibe más de un millón de pesos mensuales. Con la reforma, su pensión será reducida, después de haber acumulado más de 204 millones de pesos.
PAN, MC y PRI respaldaron la modificación constitucional que ajusta las pensiones de personal de confianza en Pemex, CFE, Nacional Financiera y Banobras, entre otras instituciones. No obstante, señalaron que la medida es insuficiente y pidieron que también se revisen las pensiones de mandos medios y altos de las fuerzas armadas, de toda la administración pública federal y de ministros en retiro.
Debate sobre retroactividad
Aunque votaron a favor, algunos legisladores expresaron dudas sobre la aplicación retroactiva de la reforma. Las senadoras Carolina Viggiano (PRI) y Alejandra Barrales (MC) defendieron a los exfuncionarios que reciben pensiones elevadas.
Los presidentes de las comisiones de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, y de Estudios Legislativos, Enrique Inzunza, aclararon que, al tratarse de una reforma constitucional, no aplica la retroactividad. Recordaron que existe jurisprudencia de la Suprema Corte que permite modificar la temporalidad de normas relacionadas con recursos públicos.
“La reforma aprobada tiene un propósito muy claro: poner orden en el sistema de pensiones y jubilaciones financiadas con recursos públicos”, subrayó Cantón Zetina, quien añadió que estas pensiones representan una carga insostenible para las finanzas del país.
El senador enfatizó que es falso que se obligue a devolver lo ya recibido; la nueva disposición regirá a partir de su promulgación. Aunque el dictamen no especifica cuántos exdirectivos verán reducidos sus beneficios, se estima un ahorro anual de 5 mil millones de pesos.
Contraste de cifras
El senador Saúl Monreal, de Morena, expuso que mientras la mayoría de los mexicanos recibe pensiones de entre 6 mil 676 y 8 mil 400 pesos mensuales, en el sector público existen casos que alcanzan entre 340 mil y un millón de pesos mensuales, es decir, hasta 140 veces más que el promedio nacional.
Durante la discusión en lo particular, PAN y MC presentaron reservas para modificar el dictamen, pero fueron rechazadas. Finalmente, la reforma se aprobó con 115 votos a favor y seis abstenciones, y fue turnada a la Cámara de Diputados para su revisión.
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