En Sinaloa, la Bahía de Ohuira se ha convertido en el escenario de una intensa y larga batalla entre colectivos ambientalistas y la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) de la suizo-alemana Proman. La construcción de una planta de amoniaco en Topolobampo, la cual lleva más de diez años en debate público y procesos legales, es denunciada por colectivos como una amenaza para la salud de comunidades indígenas y para el equilibrio ecológico de la región.
Ecosistemas en riesgo
Esta bahía aguarda especies emblemáticas como el delfín “El Pechocho”, además de aves, manglares, lobos marinos y vegetación. Diversas organizaciones ambientalistas advierten esta planta podría alterar gravemente este entorno natural, pues el proyecto contempla producir 2 mil toneladas diarias de amoniaco, un compuesto utilizado en sectores farmacéutico, agrícola y energético, pero cuyo impacto ambiental podría derivar en un ecocidio y afectar directamente al pueblo Mayo-Yoreme.
La obra incluye también infraestructura marítima y terrestre de gran escala, como una terminal portuaria, canales de navegación y un amonioducto de más de 2 kilómetros.
Antecedentes de la planta de amoniaco
La autorización ambiental para la planta fue otorgada en 2014 y se amplió en 2018. Desde el año 2015, la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa) ha recibido denuncias que derivaron en inspecciones.
Luego de esto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó una consulta previa a comunidades indígenas que podrían resultar afectadas, el proceso llevado a cabo en 2022 con 13 asambleas comunitarias y la participación de 15 comunidades identificadas por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).
De este análisis resultó que 11 comunidades dieron su consentimiento, mientras que las más cercanas a la bahía, Ohuira, Lázaro Cárdenas y Paredones, se opusieron. En 2025 y 2026, Semarnat, Profepa e INPI se han reunido con habitantes y pescadores para atender sus inquietudes.
“Durante el recorrido, los habitantes de las comunidades afectadas expusieron su preocupación por ciertas irregularidades en permisos y autorizaciones previamente otorgados por diversas dependencias para la implementación de los proyectos, así como por el impacto que algunas actividades desarrolladas por las industrias en la zona podrían generar en la pesca, la biodiversidad y los ecosistemas”, señaló la Semarnat en un comunicado. Algunos procedimientos legales y administrativos continúan abiertos.
Protestas y movilización social
Las manifestaciones contra la planta se han intensificado, la organización “Conexiones Climáticas” convocó a una protesta en la Embajada de Alemania en México, coincidiendo con la visita del ministro de Relaciones Exteriores Johann Wadephulb, buscando proteger delfines, aves, manglares, dunas y lobos marinos.
Ambientalistas afirman que los riesgos ambientales incluyen turbidez del agua, contaminación por derrames y afectaciones a la pesca y que el proyecto responde solo a intereses económicos externos.
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