En la madrugada de este lunes, entre 150 y 200 personas pertenecientes a comunidades indígenas mayo-yoreme levantaron sus carpas cerca de las 4:00 de la mañana y tomaron de forma pacífica la entrada de la planta de amoniaco del consorcio suizo-alemán Proman, ubicada en la bahía de Ohuira, Sinaloa, el lema del colectivo es: ¡Aquí No!, y no tiene fecha de término.
“Aquí nos quedaremos el tiempo que sea necesario, tiempo indefinido, hasta tener respuesta del Gobierno federal”, declaró a EFE Felipe Montaño Valenzuela, gobernador indígena de Ohuira y vocero del movimiento.
Para los habitantes de Ohuira, Lázaro Cárdenas, Paredones y Juan José Ríos, comunidades asentadas en el puerto de Topolobampo, este bloqueo representa un paso histórico, pues por primera vez en doce años en esta lucha contra la construcción de la planta de Gas Petroquímica de Occidente (GPO) del grupo Proman, lograron tomar de forma indefinida la entrada a las instalaciones.
“Aquí no entra nadie, ese fue uno de los puntos que le explicamos al Gobierno, de que vamos a tomar las instalaciones y nadie va a pasar“, afirmó Montaño, quien días antes tuvo diálogo con la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, y la titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Mariana Boy.
Los manifestantes ondean banderas blanca del colectivo ¡Aquí No! y dejan en claro que con la empresa no hay interlocución posible: según Montaño, con Proman “no se tiene ningún contacto”.
Buscan proteger manglares, humedales y evitar nubes tóxicas
Las comunidades advierten esta megaplanta, una de las más grandes del mundo y la cual lleva un 88% de avance en su construcción, implicaría “la muerte de un área natural protegida” y “el desplazamiento de los pueblos originarios“. Señalan que el daño ya comenzó, pues se han talado manglares y rellenado 28 hectáreas de humedales en la bahía de Ohuira, donde se localiza el humedal Santa María-Topolobampo-Ohuira, reconocido como sitio Ramsar, es decir, un humedal de importancia internacional.
A esto se suma la advertencia de Naciones Unidas, que alertó a los gobiernos de Alemania, Suiza y México sobre los riesgos que representa la planta, entre ellos la posibilidad de fugas que generen nubes tóxicas y contaminación del ecosistema.
Qué exige el movimiento
Las demandas del colectivo son tres: la cancelación y clausura definitiva del proyecto; la reparación de los daños ambientales ya causados en la zona; y que la megaplanta no sea trasladada a ningún otro punto de Sinaloa.
“Profepa debe de actuar conforme al daño causado al medioambiente y ellos (Gobierno federal) dirán cuándo, nosotros aquí estamos“, sostuvo Montaño.
Semarnat y Profepa han anunciado su intención de realizar estudios medioambientales y revisar el cumplimiento de la normativa antes de tomar una decisión sobre el futuro del megaproyecto. Sin embargo, Montaño advirtió que los daños son evidentes y que existe el riesgo real de que las instituciones dilaten la atención de un problema que, para las comunidades, no puede esperar más.
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